• • Ampliación de 30.000 a 50.000 euros el límite exento de aportar garantías.

• • Se amplía los plazos máximos de pago para las solicitudes, para personas físicas los plazos máximos se elevan de 12 a 24 meses, y para personas jurídicas pasan de 6 a 12 meses.

• • En el caso que se aporte un aval bancario o seguro de caución, los plazos máximos pasa de 36 a 60 meses, mientras que si la garantía aportada es un inmueble urbano sin cargas los plazos máximos se elevan de 24 a 36 meses.

La Ley Presupuestos Generales del Estado 2023 introduce variaciones en el impuesto de sociedades, concretamente en el tipo de gravamen reducido y amortización acelerada de determinados vehículos.

• Se reduce el tipo de gravamen del 25% al 23% en los contribuyentes que tengan un importe neto de la cifra de negocios (INCN) del período impositivo anterior inferior a 1.000.000,00 de euros y no tengan consideración de Entidades Patrimoniales.
• Las inversiones en vehículos nuevos se podrán amortizar de forma acelerada y que entren en funcionamiento en los periodos que se inicien en 2023, 2024 y 2025, concretamente:

                   FCV (Vehículo eléctrico de células de combustible),

FCHV (Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible),

BEV (Vehículo eléctrico de baterías),

REEV (Vehículo eléctrico de autonomía extendida)

                    PHEV (Vehículo eléctrico híbrido enchufable)

Estos vehículos podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo de las tablas oficialmente aprobadas.

A modo de ejemplo, el coeficiente máximo de amortización del 16% para los elementos de transporte, se podrá incrementar para estos vehículos en el 32%.

A raíz de la reforma concursal se modifica la regularización de los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias (Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal).

Esta modificación prevé que los acuerdos de concesión que se dicten tendrán plazos de cuotas iguales y vencimiento mensual, sin que en ningún caso puedan exceder de los siguientes supuestos:

Plazo máximo de 6 meses: 

Cuando la Administración tributaria admita garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que estime suficiente, pues se le ha justificado que no es posible obtener aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica.

Plazo máximo de 9 meses:

Cuando el obligado tributario garantice el aplazamiento y/o fraccionamiento con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.

Plazo máximo de 12 meses:

Cuando se dispense total o parcialmente el obligado tributario de la constitución de garantías al carecer de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública.

Os recordamos que no se exigirán garantías siempre que el importe de la deuda tributaria que se pretende aplazar o fraccionar, en conjunto no excede de 30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago. Estos 30.00 euros se refieren al importe de la propia solicitud más los importes de vencimiento pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas y también deudas que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento.

Son muchas las personas a las que hemos ayudado en este proceso, consiguiendo la exoneración de múltiples deudas. Pero hay una cuestión que surge tras el proceso y que hasta ahora no tenía una respuesta sencilla: ¿Debemos declarar de alguna manera en el IRPF la exoneración de estas deudas?

Si analizamos la normativa la respuesta es la siguiente:

Una persona física sin actividad económica que ve exoneradas sus deudas en un procedimiento concursal o en acuerdo o procedimientos similar ratificado judicialmente, está exenta en el Impuesto sobre la Renta.

Esto lo regula la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley de I.R.P.F, que establece que estarán exentas de tributar en I.R.P.F las quitas que tengan origen en la exoneración del pasivo insatisfecho a que se refiere el artículo 178 bis de la misma Ley.

Ahora bien, si las deudas derivan de un empresario (Actividad económica), el legislador considera que la exoneración comporta una ganancia patrimonial, y esto significa que tributa por IRPF en la Base General. Esta ganancia patrimonial, será una partida que se incorpora a la escala progresiva del Impuesto sobre la Renta, en la misma cuantía de las deudas que le han sido condonadas.

Y no sólo eso, esa ganancia no tributaría a la base especial del impuesto (+-21%), sino en la base general, lo cual podría implicar tener que tributar a un tipo máximo del 47%.

Por lo tanto, una persona física sin actividad económica no deberá declarar la referencia ganancia patrimonial por la quita obtenida por la ley de la segunda oportunidad, pero un empresario individual con deudas, si bien podrá seguir un proceso de segunda oportunidad, deberá declarar la cantidad exonerada como ganancia patrimonial en el IRPF.

Ricard Pla
Director Innofin